viernes, 2 de octubre de 2009

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL MERCADO

El estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores y de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos, tanto de las empresas como de las familias. Así mismo destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o a algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otras.
INCLUSION DEL GOBIERNO EN EL FLUJO CIRCULAR: El gobierno se integra a los flujos reales y monetarios de la economía al ejercer sus funciones de redistribución, asignación y estabilización. Al incluirlo en el flujo circular, se observa que el gobierno puede modificar la distribución del ingreso, reasignar los recursos y cambiar la cuantía de la actividad económica.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL SISTEMA ECONÓMICO VENEZOLANO: Una aproximación básica al marco regulatorio del sistema económico venezolano lo establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

En la Carta Magna se establecen: Los derechos económicos de los ciudadanos, en el Título III, capítulo VII. Art. 112, al 118. La regulación del sistema socioeconómico del país, en el Título VI. Art. 299

A partir de ese marco general, el Estado venezolano permanentemente crea o modifica distintos tipos de legislación orientada a regular la actividad económica, bien sea mediante leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, providencias, normas, ordenanzas y otros instrumentos relacionados.

A través de ellos, la legislación (nacional, estadal o municipal), fija los preceptos que regirán distintas y variadas áreas de la vida económica de los ciudadanos, tales como fijación de precios, competencia empresarial, protección al usuario, propiedad privada, contratos, tributación, aduanas, sistema monetario, sistema financiero, comercio internacional, inversión, trabajo y salarios, administración pública, finanzas públicas, seguridad social, entre otras.
INTERVENCIÓN ESTATAL SOBRE EL SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO: En los sistemas económicos mixtos, aún cuando funcionan con base en el mercado, el Estado puede participar en las decisiones económicas de los agentes particulares, cuando se dificulta el logro de los objetivos del sistema de manera equitativa e integral; el grado de participación estatal varía considerablemente en cada país, por lo que no existe una fórmula única para evaluarla.

Esto es válido para sistemas económicos mixtos, ya que, conceptualmente, en los sistemas socialistas la participación del Estado es total, mientras que en el capitalismo se reduce a su mínima expresión.

Los diferentes mecanismos de intervención que puede adoptar el Estado pueden agruparse en seis categorías según Mochón, 1993:
1.- FIJACIÓN DE UN MARCO LEGAL: Se refiere a la potestad que tiene el Estado, administrado por los diferentes poderes públicos, de aprobar las normas que regirán el desempeño de los agentes económicos.

También puede darse el caso de la desregulación, en el sentido de que el sector estatal puede disminuir o eliminar la legislación que afecta los sectores económicos, cuando considera que su funcionamiento es aceptable, o simplemente decide no intervenir en este tipo de decisiones.
2.- PRODUCTOR (EMPRESARIO) Y COMPRADOR DE BIENES Y SERVICIOS: El Estado puede asumir funciones de empresario, cuando se dedica a satisfacer directamente algunas necesidades de la población, tales como defensa, servicios (salud, energía, transporte, acueducto, entre otros), y otros tipos de bienes públicos. Al respecto señala Mochón (1993: 65) lo siguiente:

“La creciente actividad productiva del Estado, que produce, entre otros, los denominados bienes públicos (es decir, aquellos bienes que incluso aunque sean consumidos por una persona pueden ser consumidos por otras), se debe a que la sociedad ha ido encomendando al Estado cada vez más parcelas del bienestar público, a medida que al aumentar el nivel de desarrollo se generaban nuevas necesidades.

Algunos de estos servicios, como por ejemplo la defensa, los suministra sin cobrar nada directamente, de modo que se financian con cargo a los presupuestos del Estado. Otros, como la educación, los financian en parte los usuarios, y otra parte corre a cargo de los presupuestos del sector público. En el caso de los servicios de transporte, es frecuente que los paguen los usuarios de forma directa y que, de este modo, se financie al menos parcialmente el coste del servicio”.

En muchos casos se trata de actividades económicas que el sector privado no estaría dispuesto a asumir, por no ofrecer rentabilidad suficiente que justifique las inversiones requeridas, o por tener que ofrecerlas con precios demasiado elevados para la población; ante esto, el Estado asume esa responsabilidad, aun cuando los ingresos generados no sean suficientes para cubrir los costos.
Adicionalmente, en muchos países el sector gubernamental asume actividades empresariales que podría realizar el sector privado, bien sea por tratarse de sectores estratégicos (por ejemplo telecomunicaciones) o en el caso de industrias básicas que sirven de apoyo al resto de la actividad económica (minería, hidrocarburos, energía, banca, entre otros). En estos casos, la actividad puede realizarla el Estado en forma exclusiva (monopolios públicos), como propietario de empresas que compiten con el sector privado (empresas públicas), o como socio de organizaciones donde también participa la inversión privada (empresas mixtas).
En esta terminología es necesario destacar dos procesos que afectan la tenencia de empresas por parte del Estado. Uno de ellos es la estatización, es decir, cuando alguna empresa deja de ser privada para convertirse en estatal o pública, bien sea mediante la compra consensuada de la misma o la expropiación. Cuando la estatización se realiza sobre una empresa que tiene propietarios extranjeros, recibe el nombre de nacionalización.

El proceso inverso es la privatización, cuando las empresas públicas son transferidas al sector privado, mediante su venta, subasta o entrega directa.

Por otra parte, el sector gubernamental también actúa en los mercados como comprador de bienes y servicios, tanto para sus actividades comunes de funcionamiento administrativo, como para realizar inversiones sociales, a través de la planificación y ejecución del gasto público, establecido dentro de su presupuesto financiero. Dentro del gasto público se incluyen igualmente las erogaciones relacionadas con sueldos y salarios de los funcionarios y las transferencias (becas, ayudas sociales, etc).
3.- FIJACIÓN Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS: El tributo es una obligación de pago que establecen los organismos estatales para los ciudadanos, que les permite financiar su actividad de gobierno. El más conocido de los tributos es el impuesto, pero también forman parte de esta categoría las tasas y las contribuciones. El impuesto se refiere específicamente a aquellas obligaciones que deben pagarse al sector gubernamental sin que exista una contraprestación directa por ese concepto, es decir, el contribuyente aporta dinero sin que reciba alguna compensación explícita, independientemente de la actividad que realice el Estado con la recaudación. Como ejemplos puede mencionarse el impuesto sobre la renta (ISLR), al valor agregado (IVA), entre otros.

Las tasas son tributos asociados al uso de algún servicio o bien de dominio público, es decir, que solo puede ser ofrecido por el gobierno o personas autorizadas por éste. Es el caso del pago que debe realizarse en notarías, registros, peajes, entre otros, donde el pagador recibe a cambio un beneficio directo. Las contribuciones se relacionan con pagos destinados a una actividad específica del Estado, que implica una mejora en los beneficios disponibles para el contribuyente, aún cuando no los utilice en forma directa o inmediata. Puede citarse el ejemplo de la seguridad social, fondos de ahorro habitacional, entre otros.

Conjuntamente con otras fuentes no tributarias, los tributos conforman los ingresos públicos, incluidos en un presupuesto financiero para cubrir la ejecución del gasto público planificado.
4.- ESTABILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. POLÍTICA ECONÓMICA: La actividad económica está sujeta a fluctuaciones o variaciones, es decir, continuamente ocurren aumentos o disminuciones en sus variables más representativas: producción, empleo, nivel de precios – inflación, inversión, tipo de cambio, comercio exterior, entre otras.

El Estado puede tomar decisiones que intenten combatir esas fluctuaciones, estabilizarlas o reducir su grado de variación. El conjunto de decisiones que aplica un gobierno para orientar el funcionamiento del sistema económico recibe el nombre de política económica, la cual puede tener objetivos globales de planificación para las variables más importantes, como las ya mencionadas, o perseguir una finalidad específica en alguna de ellas (política monetaria, política financiera, política cambiaria, política laboral, política de competencia, política internacional, entre otras).

Al respecto señala Mochón (1993: 69):

“Para combatir las fluctuaciones cíclicas, las autoridades económicas suelen controlar los impuestos, el gasto público y la cantidad de dinero. En cualquier caso, en los últimos años han surgido serias críticas respecto a la efectividad de la política económica como instrumento para estabilizar la actividad económica”.
5.- REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: El producto de la actividad económica se distribuye entre los distintos agentes participantes, a través de diferentes tipos de remuneración: salarios, alquileres, beneficios, renta. Este reparto suele darse en forma desigual, no equitativa; esta desigualdad puede ser combatida por el Estado (aunque no desaparezca por completo) a través de diferentes medios.

Un instrumento utilizado con este fin es el cobro de tributos a los sectores que reciben mayores ingresos, para utilizar los fondos recaudados en financiar gasto público que beneficie a los estratos de menores recursos, en servicios sociales de salud, educación, vivienda, alimentación, transferencias, seguridad social. Esto permite redistribuir el ingreso entre las diferentes clases sociales.

6.- EFICIENCIA ECONÓMICA: El concepto de eficiencia en la actividad económica se relaciona con la obtención de la mayor cantidad y calidad de productos al menor costo posible, o con la mejor utilización de los insumos disponibles. Si los mecanismos del mercado resultan ineficientes en la asignación de recursos y producción de bienes y servicios, puede justificarse la participación del Estado al intentar superar las deficiencias que se presenten (su participación en este caso puede materializarse a través de los mecanismos ya explicados: regulación legal, rol de empresario, etc).
LAS DEFICIENCIAS O FALLAS DEL MERCADO

Existe competencia imperfecta en el mercado, especialmente en los casos de oligopolio y monopolio. Por tratarse de mercados concentrados en pocas manos, existe la posibilidad de que se descuiden los costos, no se logre la mejor asignación de los recursos y se afecte negativamente a los consumidores con altos precios y baja calidad.

- Existen bienes públicos, que no pueden ser producidos con fines de lucro y no son de interés para el sector privado, pero representan altos beneficios para la sociedad (acueductos, carreteras, parques, defensa).

- Presencia de externalidades en el entorno social de las empresas.

Las externalidades son efectos colaterales que produce una actividad humana, sin que ésta sea considerada en el precio de los productos o en el mercado. Estos efectos pueden ser negativos (contaminación ambiental, deterioro de vías de comunicación, economía informal), pero también pueden presentarse consecuencias positivas (cultivos agrícolas que embellecen una región), también aquellas que se impulsan a través de una norma (ej. Un Incremento de sueldo).
Cada una de estas situaciones en el mercado puede conducir a ineficiencia en los productos y sus precios, con efectos desfavorables para los consumidores. En estos casos, el Estado puede tomar decisiones que disminuyan esas fuentes de ineficiencia, aprobando legislación para controles de precios, leyes antimonopolio, controles ambientales, entre otras.

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